Impuestos obligatorios y opcionales: hacia la autonomía fiscal del ciudadano en la gestión pública

 

Impuestos obligatorios y opcionales: hacia la autonomía fiscal del ciudadano en la gestión pública

Resumen:

El presente ensayo propone una reformulación del sistema tributario estatal, diferenciando entre impuestos obligatorios redistributivos y una nueva categoría de impuestos opcionales. Esta propuesta busca garantizar la libertad del ciudadano para elegir el consumo de servicios públicos, superando las limitaciones del sistema tradicional y del modelo voucher. Se analizan las implicaciones económicas, sociales y morales, y se argumenta que una adecuada gestión de estos impuestos puede favorecer tanto la autonomía individual como la inclusión social. Finalmente, se reflexiona sobre las limitaciones políticas actuales para implementar dichas reformas.

Palabras clave:

Impuestos opcionales, redistribución fiscal, autonomía del ciudadano, servicios públicos, política fiscal.

Argumento:

A día de hoy es frecuente ver cómo los gobiernos despilfarran el dinero del ciudadano en gastos alejados de sus necesidades reales. Por otra parte existe el problema de que los ciudadanos necesitan servicios básicos como la sanidad o la defensa. Y el sistema Voucher (se da dinero al ciudadano en forma de bono para que este elija en qué empresa privada gastar su dinero) enfrenta problemas como que las empresas pueden subir sus precios ante la demanda, o que en el caso de las escuelas, el interés económico de la escuela no tiene por qué ser necesariamente positivo para el alumno.

Además de que existen personas que quieren mantenerse asistiendo a servicios del estado. Es un principio moral el garantizar la libertad de las personas para que puedan vivir su vida como ellas vean conveniente. Por otra parte puede que sea necesario redistribuir el dinero en mayor o menor medida para que no haya personas excluidas de necesidades básicas. Mi objetivo es tratar de separar la función redistributiva de los impuestos de la función estatal como participante en la economía, ya sea como sanidad pública, educación pública u otros servicios estatales. Para que independientemente de la redistribución que sea conveniente en la economía, se garantice la autonomía del ciudadano para poder gestionar libremente su dinero sin que el estado le obligue a consumir cualquier servicio público. Superando el problema de Milton Friedman de no prever que habrá personas que vean más convenientes los servicios públicos, que también puede ser una decisión a considerar.

Debo introducir una división en los tipos de impuestos que deberían existir: los impuestos obligatorios y redistributivos y los impuestos opcionales. La principal novedad que planteo son lo de estos impuestos opcionales. Los estados ofertarán distintos servicios que las personas podrán decidir si quieren o no consumirlos, el ciudadano pagará el dinero correspondiente exigido para ese servicio y en su DNI estará registrado el pago de ese impuesto en el momento en el que vaya a consumirlo, de tal forma que el ciudadano que haya pagado el impuesto opcional destinado a sanidad pública podrá usarla en el momento en que vaya a un hospital con el uso de su DNI, por ejemplificar.

En el modelo actual de la mayoría de países, en lugar de acceder a los servicios públicos de manera optativa, se accede a estos de manera coercitiva. Hay una parte del salario de los ciudadanos que va destinado a algún servicio público, no toda la población sale ganando económicamente, hay ciudadanos que destinan más dinero del que reciben para servicios públicos y otros que reciben menos dinero del que gastan. Inexplicablemente sucede en muchos países que las personas con menos recursos, que son las que principalmente deberían recibir más dinero, gastan más dinero del que reciben. Esto se explica ya que el estado, igual que cualquier individuo o entidad, busca satisfacer sus intereses. El negocio de una empresa puede ser el de vender productos, en el caso de un estado el negocio es el de conseguir el apoyo de los ciudadanos. Ya que esto garantiza su supervivencia y genera más ingresos para las personas que lo controlan. Aunque pueda haber excepciones, de igual forma que las empresas muchas veces ejercen actividades filantrópicas. Por lo que muchas veces apoyará al mayor número de personas, a las grandes masas, antes que a los más desfavorecidos.

La intención del primer paso del IO (impuesto opcional) es que principalmente un ciudadano pueda rehusar a estar obligado a pagar un servicio con su propio dinero. Por otra parte, los gobernantes tratarán de gestionar esos servicios públicos, calcularán el gasto que suponen estos impuestos por cada consumición, no tratar de recibir el dinero apañándoselas y luego emitiendo deuda. Por ejemplificar, se calculará contando salario de profesores, mantenimiento de aulas. Y en total el dinero que cuesta atender a cada alumno. Y ese dinero es el que se tendrá que pagar en forma de impuesto. O bien las familias podrán no pagar ese dinero para escolarizar a sus hijos en una escuela privada. Se podría obligar a las familias a la escolarización, ya sea a una pública o una privada.

La pregunta principal que surgirá al que esté leyendo esto es de qué forma podrán pagar las personas que no tengan recursos este impuesto voluntario o su alternativa de forma privada. Pues para ello habrá el segundo impuesto, el IOR (impuesto obligatorio y redistributivo).

Estos impuestos tienen la intención de recaudar para dar dinero a aquellas personas y que puedan pagar los impuestos voluntarios o su alternativa en el sector privado, no quedando personas excluidas. ¿Quién debe de pagar estos impuestos? ¿Quién no tiene sentido de manera razonable que pague impuestos obligatorios y distributivos?

En principio, lo que deben de procurar estos impuestos son pagar la coprotección contra la violencia, el fraude, la defensa nacional y la administración de justicia según lo comenta Nozick. Además de esto, dar un bono a las personas que no puedan acceder a los servicios básicos. Quedando excluidas de pagar impuestos obligatorios y redistributivos aquellas personas que también deban recibir dinero de estos impuestos. Ya que si coincide un caso de una persona que da dinero en IOR y también recibe dinero de estos, la única explicación razonable es que el estado esté atentando contra la libre gestión del dinero del ciudadano. Lo que se debería de recoger como algo inconstitucional. También deberían de quedar excluidas de pagar impuestos los funcionarios, ya que el dinero de su salario debería llevar descontado el IOR, en caso de que tengan que pagarlo, con el fin de reducir la carga burocrática. Tampoco tiene lógica que lo paguen pequeñas empresas porque facilita a que se creen monopolios. Ni personas con discapacidad.

Las personas que deberían de pagarlos deberían de ser elegidas de manera progresiva empezando por niveles muy bajos a partir de la última persona que reciba su bono del IOR, excluyendo a personas de este recuento que reciban dinero del IOR para educación, ya que las personas que consumen esto son una minoría y alguien que deba recibir un bono para educación podría tener más dinero que que alguien que no lo recibe. La tasa debería de ser de manera progresiva y mínima al principio.

Otro principio para saber quién debería de pagar sería tomando en cuenta el 50% que ganan más ingresos, este porcentaje de la población debería de ser por norma general los que paguen el IOR. Aunque no tendría esto que llevarse a cabo de manera estricta. Parte del 50% que menos ingresos ganan también podrían ser parte del IOR, pero se debería de mirar raro que esto suceda. El IOR va destinado a los aspectos básicos de estado. La propaganda estatal tampoco debería ser legítima en un país, como la subvención a partidos políticos. Esto también podría entrar en las ofertas al IO.

Los umbrales y tasas de IOR también se deberán actualizar teniendo en cuenta variaciones en el ingreso promedio, inflación y evolución del costo real de los servicios mínimos que financia el estado.

El ensayo escrito supera visiones socialdemócratas que obligan al ciudadano a pagar cosas para sí mismo, restringiendo su libertad, como problemas del sistema Voucher que excluye la posibilidad de consumir productos estatales. Lo último que me gustaría añadir es que más allá de medidas políticas que podrían beneficiar a las personas, estas nunca se podrán aplicar con sistemas políticos como el actual español, donde el interés de los políticos está desligado del interés del ciudadano. Y quedan estos intereses en muchas ocasiones a los pies de lobbys políticos y grandes corporaciones. Por lo que las medidas políticas siempre tienen que tener presente la realidad política, e intentar cambiar el funcionamiento de esta realidad, como hablaba el jurista Antonio García Trevijano.

Bibliografía:

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.  

Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books.  

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the p

ublic sector. W.W. Norton & Company.